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27.06.201206:00 H.

La ministra francesa de Derechos de la Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, ha sido clara al respecto: desea que Francia tenga los medios necesarios para abolir la prostitución. En una entrevista con el Journal du dimanche reconoció que no es ilusa y que será un proceso a largo plazo, pero fue firme y reiteró que la posición del Partido Socialista Francés, con mayoría en ambas cámaras, es abolicionista. Sus declaraciones se unen a la resolución favorable a la prohibición que aprobó el pasado diciembre la Asamblea Nacional Francesa, y que provocó diversas protestas de ciudadanos que la consideraron un atentado a las libertadas ciudadanas.

En España el Gobierno también se ha mostrado favorable a perseguir más duramente la prostitución. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado que se “está estudiando” una reforma del Código Penal que permita luchar contra la explotación sexual de mujeres. Según ha declarado, su departamento analiza “medidas de tipo administrativo, y penal si es el caso”.

La Generalitat persigue un ‘efecto disuasorio’ para que la prostitución se ejerza en establecimientos reguladosMientras, en Cataluña, una nueva ley multa a las prostitutas que ejercen en carretera y a los clientes que contratan sus servicios. La medida, según explicó el pasado viernes el conseller de Interior catalán Felip Puig, persigue un “efecto disuasorio” con el objetivo de que la prostitución se acabe ejerciendo en establecimientos regulados o en domicilios particulares. En esta línea se ha expresado también la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que aunque no es partidaria de multar a las prostitutas, sí se ha mostrado de acuerdo con “regular dónde se puede ejercer la prostitución”.

Una actividad en el limbo legal

La medida del gobierno catalán ha sido duramente criticada y pone de manifiesto las enormes contradicciones que genera el debate. El catedrático experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Pedro Brufao, autor del libro Las miserias del sexo (2011, Editorial Catarata/ Fundación Alternativas), es claro al respecto: “La ley de carreteras de Cataluña es un subterfugio para apartar de nuestra mirada las visiones más desagradables de la prostitución. Se utiliza el criterio moralizante, propio del siglo XIX. No es la solución”.

Lo cierto es que en España la prostitución no es una actividad legal y por tanto no debería existir ningún tipo de regulación, a la que se refieren tanto Puig como Cifuentes. Brufao es taxativo: “En España la prostitución ya está abolida. La alegalidad no existe, la administración solo puede regular aquello que está permitido. Es cierto que algunas manifestaciones de este fenómeno, como el ejercicio voluntario, no están penalizadas, pero la prostitución es una actividad perfectamente ilegal desde que España firmó en 1949 un convenio de la ONU, la Convención por la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena”.

Si la prostitución es algo ilegal, ¿por qué vemos burdeles en todas las carreteras nacionales de España? Simplemente, porque no se ha abordado el problema y, tanto ciudadanos como políticos, han mirado a otro lado. Esto, cuando no se ha facilitado su práctica. Es el caso de las ordenanzas municipales que dan cobertura a los burdeles. Brufao insiste en que un Ayuntamiento no puede dar “un baño de legalidad” a una actividad que una ley de rango muy superior considera ilegal. “La prostitución no va a desaparecer”, afirma Brufao resignado, “pero no puede ser que la compraventa de personas tenga la más mínima cobertura legal”.

La prostitución voluntaria no existe más allá de algunos casos muy concretos¿Y qué hay de las personas que ejercen de forma voluntaria? La mayoría de expertos coinciden en señalar que se trata de una minoría muy reducida –Brufao calcula que se trata de aproximadamente un 5% de las prostitutas de España– y, pese a esto, todo depende de lo que se entienda por voluntaria. Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), insiste en que ya ni siquiera se puede hablar de prostitución, sino de trata de personas y explotación sexual: “Sólo nos encontramos a personas coaccionadas, muchas veces menores de edad, que no son libres. La prostitución voluntaria no existe más allá de algunos casos muy concretos. Es el mayor atentado a los derechos humanos que existe en el mundo”.

La ciudadanía, contraria a la prohibición

Pero, por mucho que los políticos europeos parecen estar inclinándose a favor de la abolición de la prostitución, no ocurre lo mismo con los ciudadanos. En España, según los datos de la última encuesta del CIS sobre Actitudes y prácticas sexuales, realizada en 2008, el 77,6% de los ciudadanos se mostraron bastante o muy de acuerdo con que “la prostitución es inevitable y por tanto debería estar legalizada”. Unas cifras muy similares a las de Francia, pese a que su Gobierno esté decidido a hacer lo contrario. En esa misma encuesta el 12,2% de los participantes (contando hombres y mujeres) reconoció haber pagado por servicios sexuales. Una cifra que un informe de la APRAMP sobre Trata con fines de explotación sexual eleva al 39%, esta vez contando sólo a los hombres.

No existe una estimación medianamente precisa del número de prostitutas que hay en EspañaSon algunos de los pocos datos disponibles. La investigación sociológica sobre la trata sexual y la prostitución en España es raquítica. No existe ningún estudio riguroso que analice el asunto a nivel estatal. Los únicos informes pertenecen a iniciativas autonómicas –cómo el trabajo del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que ha sido un activo defensor del abolicionismo–, y ni siquiera se tiene una estimación medianamente precisa del número de prostitutas que hay en nuestro país. Las cifras más alarmistas hablan de 300.000 mujeres, pero según los estudios autonómicos, la cifra real estaría entre 0,5 y 2 prostitutas por mil habitantes, lo que supondría entre 50.000 y 100.000 mujeres. Una cifra, aun así, nada desdeñable.

Abolición vs. Reglamentación

Tradicionalmente el debate sobre la prostitución ha girado en torno a dos soluciones, la abolición y la reglamentación, pero parece que la balanza, al menos en el entorno académico, se ha inclinado definitivamente hacia el prohibicionismo. Lidia Puigvert, profesora de Sociología de la Universidad de Barcelona e investigadora del Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades, cree que las investigaciones internacionales son claras al respecto: “Los estudios muestran que aquellos países como Suecia, donde se trabaja defendiendo a las prostitutas y persiguiendo al cliente, sin legalizar la profesión, han obtenido mejores resultados que aquellos que han optado por la legalización”.

En Suecia la penalización del cliente ha hecho que la prostitución encubierta se reduzca a la mitadEn el país escandinavo, la penalización del cliente, que comenzó su andadura en 1999, ha sido muy efectiva. Según el Gobierno sueco, en los últimos años apenas han entrado entre 200 y 400 mujeres en Suecia procedentes de la trata, la prostitución ha desaparecido de la calle y se calcula que la explotación encubierta ha disminuido en un 50%. Eso sí, tal como comenta Brufao, que también es partidario de castigar al cliente, ha aumentado mucho el turismo sexual: “Ahora los suecos cogen un ferry y se van a Lituania”. Por eso, insiste, “es necesario actuar conjuntamente”.

Al contrario que los defensores de la abolición, los partidarios de legalizar creen que la prostitución es inevitable y la reglamentación saca a las mujeres de la situación de precariedad en que se encuentran. Carmen Meneses, profesora de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia de Comillas, no es partidaria de una legalización completa, pero sí de reglamentaciones parciales para las mujeres que ejerzan libremente y, sobre todo, de una mayor labor de disminución de riesgos, prevención y educación. En su opinión, la prohibición no es realista y sólo genera más crimen. Tampoco está de acuerdo con aquellos que dicen que todas las mujeres ejercen la prostitución por coacción: “Depende de cómo se defina coacción. Sí es cierto que lo hace gente que está en una mala situación económica, pero no todas las mujeres y hombres están coaccionados, de hecho la mayoría de españoles no lo están”.

Si la prostitución se regula como actividad profesional, podría haber un modulo de FP que explicara cómo ejercerla. ¿Lo aceptaríamos?Meneses reconoce, en cualquier caso, que la reglamentación tampoco acabaría con los problemas. Y parece estar en lo cierto. Atendiendo a los datos, no parece haber dado los resultados esperados. Tal como explica Puigvert, “la mayoría de las prostitutas son víctimas de tramas de tráfico y explotación sexual y no aparecen en las estadísticas, por lo que la legalización sólo produce una mayor vulnerabilidad. Esto ha quedado patente en Holanda, dónde la reglamentación no ha traído una mejora en las condiciones de estas mujeres”. Para Brufao, la regulación de la prostitución parte de una premisa falsa, pues si se realizara de verdad nadie lo toleraría: “Si la prostitución se regula como actividad profesional, podría haber un modulo de FP que explicara cómo ejercerla. ¿Lo aceptaríamos?”.

En opinión de Puigvert, el primer paso para atajar la explotación sexual pasa por conocer la realidad de la misma y lo cierto es que la información rigurosa brilla por su ausencia: “Faltan estudios científicos que aclaren cuál es el impacto real de la prostitución”. Para la presidenta de APRAMP, cuya asociación ha sido amenazada en múltiples ocasiones por las tramas de extorsión, sólo hay una solución viable a este drama: “Prevenir el tráfico de personas en los países de origen, proteger a las víctimas y trabajar por su recuperación. Hay protocolos y planes integrales firmados que explican cómo debe hacerse. Tienen que cumplirse”. Brufao es más concreto: “La prostitución es un negocio. Hay que perseguir la red de blanqueo y evitar el lucro”.

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